Carlos López Colina | Co-Coordinador del Área de Educación de IU Xixón

En 1985 fue cuando se oficializó la enseñanza privada concertada en España. Se decía que las subvenciones a centros privados eran para complementar una red pública insuficiente, aunque entonces el número de niños en las aulas ya estaba descendiendo por la baja tasa de natalidad. Durante 30 años los conciertos se han ido ampliando hasta acabar convirtiendo el sistema educativo español en algo anómalo. Según la OCDE, en España el 28% de alumnos se educa en la concertada. Esto triplica la media europea y solo Bélgica nos gana. La media de alumnos de la red pública ronda el 90% en Europa. En España es un 68% y en Asturias un 74%. ¿Cómo se defiende esta anomalía?

Empezando por un tema que escuchamos frecuentemente: ¿Es más barata la enseñanza privada concertada? Si bien los números en bruto dicen que el gasto público anual por alumno en la concertada ronda los 3000 euros mientras que en la pública es cercano a los 4200, no se pueden comparar directamente estas dos cifras. La enseñanza pública asume la educación de todos aquellos alumnos que no resultan rentables a la privada. Esas escuelas rurales con 5 alumnos son todas públicas, el porcentaje de alumnos con necesidades especiales es mayor en la pública, la que oferta siempre lo menos demandado es la red pública, etc. Así, de media, la pública tiene menos alumnos por aula y más profesores por grupo. Si además tenemos en cuenta que los docentes de la privada concertada cobran un 16% menos, parece que la diferencia está explicada. De hecho, está demostrado que el coste coincide exactamente si se comparan las dos redes igualando el número de alumnos por grupo y las condiciones laborales.

Atendiendo al rendimiento académico, múltiples estudios han demostrado que si los resultados en bruto de los centros concertados son algo mejores de media esto es solo por razones socioeconómicas. Esa ventaja desaparece si comparamos en igualdad de renta familiar. Y es que el sistema español es claramente segregador: en Asturias el 52% de los alumnos de la concertada tienen ingresos familiares superiores a los 1800 euros mensuales mientras que solo el 29% de alumnado de la pública tiene esa suerte. Esto, evidentemente, va asociado al nivel de estudios de la familia, a los estímulos académicos y al rendimiento del alumno.

No nos engañemos, la “libertad de elección” no se exige desde la concertada para poder escoger un temario, que es fijado por las autoridades educativas, ni para poder disfrutar de pluralidad entre los docentes, pues dicha pluralidad es mayor en la enseñanza pública (donde sus profesores no pueden contratarse a dedo). La verdad es que, con el legítimo propósito de procurar un entorno más adecuado para el estudio de sus hijos, la “libertad de elección” consiste en que muchos bienintencionados padres puedan separar de modo subvencionado a sus hijos de otros niños de clase más baja. El mecanismo segregador está claro si atendemos a datos de la OCU. El coste de materiales, comedor, libros, ropa… es un 69% mayor en la escuela concertada y el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas por múltiples conceptos, rondando estas los 500 euros de media al año. Así es como se evita que las familias de perfil socioeconómico más bajo lleven a sus hijos a la privada concertada, concentrándose en la escuela pública.

En definitiva, la mera existencia de la red privada concertada, con anormal tamaño en España, causa segregación. Si se fuesen abandonando progresivamente los conciertos, incluso permitiendo la integración voluntaria y ordenada de algunos colegios en la red pública, el alumnado se repartiría entre los diferentes centros aliviando desigualdades. Por tanto, desde una perspectiva de mera justicia social no queda sino reclamar esta medida.